El propósito de “refundar” la República para establecer un Estado Federal y Descentralizado pudo consistir en una simple declaración formal si no hubiésemos insistido en avanzar en contra de las pretensiones de las élites del poder dominante en restablecer lo que ellos entienden por Democracia: una sucesiva cadena de pactos y conciliaciones entre las cúpulas. Ahora luego de transcurridos Diez años de la Constitución, comienza a vislumbrarse un horizonte claro porque el proceso bolivariano les responde a los dirigentes cupulares que el sentido de la descentralización no es el que ellos defienden. Descentralizar es responder a una deuda histórica y consiste precisamente en restituirle a la soberanía popular el ejercicio de su facultad de gobernar.
Es precisamente hoy que hablamos de activar lo que esencialmente nos mostrará la auténtica cara del Federalismo y la Descentralización. El Consejo Federal de Gobierno no representa para la configuración del nuevo Estado Socialista una simple congregación de entes gubernamentales para decidir cómo invertir los recursos. Es algo más profundo. El Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno contiene la más clara y avanzada definición de lo que se entiende por Descentralización, y la describe como “Política estratégica para la restitución plena del poder al Pueblo soberano, mediante la transferencia paulatina de competencias y servicios desde las instituciones nacionales, regionales y locales hacia las comunidades organizadas y otras organizaciones de base del poder popular, dirigidas a fomentar la participación popular, alcanzar la democracia auténtica, restituyendo las capacidades de gobierno al pueblo, instalando prácticas eficientes y eficaces en la distribución de los recursos financieros e impulsar el desarrollo complementario y equilibrado de las regiones del país”. No se había presentado en legislación o texto constitucional alguno una definición de esta magnitud.
Por ello afirmamos que la Descentralización que se va a practicar en el Consejo Federal de Gobierno, no es en modo alguno para resucitar pactos y acuerdos burocráticos de élites. Es todo lo contrario. Es democratizar el poder en su más amplia dimensión para restituirle al pueblo soberano lo que ha sido el proceso de lucha popular en más de 200 años. Los especialistas, constitucionalistas y excelsos tratadistas de la oposición no podrán entenderlo nunca, por cuanto sólo conciben la descentralización y el federalismo como la defensa de las cajas chicas de gobernaciones y alcaldías, para administrar y gastar el recurso que corresponde a todos, sin controles ni rendiciones de cuentas claras.
Es por eso que resulta prácticamente irreversible que se profundicen las políticas y acciones para la consolidación del poder popular. Ese es el principal acuerdo de este proceso revolucionario. Desde la refundación a la descentralización hay un camino que se perfila para los próximos decenios. Ese camino es la restitución definitiva de la soberanía que nunca ha debido salir ni enajenarse de su verdadera fuente de legitimidad: el pueblo venezolano. En este sentido, la reacción de opositores es comprensible, por cuanto para ellos, defender las arcas y el bolsillo de los funcionarios gubernamentales es más importante que la capacidad creadora de nuestro pueblo en ejercer directamente su poder de gobernabilidad.
Cástor Núñez Morles
castornum@hotmail.com
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